“Se puede afirmar tajantemente la
existencia de un trato discriminatorio (en las identificaciones realizadas por
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) porque se aprecia una
desproporción alta hacia determinados grupos minoritarios en función de su
nacionalidad y su apariencia étnica”.
Ésta es la conclusión del informe
“Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias
y actitudes en relación con las actuaciones policiales”, realizado este año por
un grupo de docentes e investigadores del Institut de Drets Humans de la
Universitat de València y del Centre for Criminology de la Universidad de
Oxford, a partir del análisis de dos encuestas realizadas en abril de 2013 por
Metroscopia con el apoyo de Open Society Foundations. El informe ha sido
publicado por la Universitat de València, la Generalitat valenciana, Hurri-Age
(Consolider-Ingenio 2010) y Tirant lo Blanc.
El estudio presenta
conclusiones demoledoras. En los dos últimos años, se asegura, las personas
migrantes y las pertenecientes a minorías étnicas tienen más probabilidades de
ser paradas en la vía pública que el resto de la población. Es más, agrega el
informe, “tanto el país de origen como la nacionalidad son factores que
determinan que un individuo que no sea español tenga hasta dos veces más
probabilidades de ser parado” por agente de la policía. En los dos últimos años,
esta posibilidad se triplica.
En el informe -elaborado por los
especialistas José García Añón, José Antonio García Sáez, Andrés Gascón Cuenca y
Antoni Llorente Ferreres (del Institut de Drets Humans de la Universitat de
València y Ben Bradford (de la Universidad de Oxford)- analiza también la
apariencia como criterio identificatorio: “Las personas que tienen un aspecto
caucásico europeo tienen la mitad de probabilidades de ser paradas en
comparación con otras apariencias étnicas; las más afectadas son las personas
que no son caucásicas nacidas fuera de España que, en los dos últimos años,
tenían hasta cuatro veces más posibilidades de ser paradas”.
“Los que no
tienen una apariencia caucásica y han nacido fuera de España tienen grandes
posibilidades de ser parados en la vía pública: el 45% de las personas con este
conjunto de características declararon haber sido paradas por la policía”,
resume el informe.
Apunta la encuesta, asimismo, que la discriminación
racial y étnica se concentra en colectivos como gitanos, magrebíes y africanos
de piel negra. Las personas gitanas son identificadas 10 veces más que las que
tienen apariencia caucásica europea; en el caso de las personas magrebíes, la
tasa de desproporción es de 7,5 y en el de los afro-latinoamericanos, de 6,5,
añade el trabajo, basado en una encuesta de Metroscopia con 2.000 entrevistas
proporcionales a la distribución española y otras 800 proporcionales a la
población minoritaria residente en España. “Todas estas diferencias no pueden
explicarse por otros factores como las diferencias de edad de los diferentes
grupos, áreas de residencia o los patrones de empleo”.
Al igual que se
indica en otras investigaciones, las minorías de origen magrebí y la comunidad
gitana experimentan, durante las paradas policiales una “satisfacción
sensiblemente inferior en justicia procedimental”. Es decir, “entienden que son
tratadas por parte de la policía en los encuentros policiales de forma menos
justa que el resto de la población”. Además, según criterios religiosos, “los
musulmanes se sienten peor tratados durante las paradas e identificaciones
policiales que los cristianos y las personas de otras
religiones”.
Además, en cuanto a las paradas en vía pública, éstas
afectan en mayor medida a los hombres que a las mujeres; y a los jóvenes más que
a los mayores, mientras que los jubilados y amas de casa tienen menos
probabilidades que empleados, desempleados y, sobre todo, estudiantes. También
se indica que los controles policiales realizados a vehículos no se basan
principalmente en la apariencia étnica, sino en alguna otra característica o
comportamiento.
El estudio trata (así lo afirma sus autores) de probar
científicamente las denuncias que se han venido sucediendo en los últimos años
por parte de asociaciones, ONG, organismos internacionales y el Defensor del
Pueblo. A diferencia de lo que ocurre en otros países, se dice en el trabajo, en
los que existe una recopilación oficial de datos, “en nuestro país no se cuenta
con suficiente información del Ministerio del Interior y, en muchos casos, esta
información resulta contradictoria”. De hecho, no se proporcionan datos sobre
motivos de las identificaciones ni características de las personas identificadas
(nacionalidad, etnia, edad, género...).
En el año 2012 se realizaron un
total de 7.958.526 identificaciones en el estado español, en virtud de la Ley de
Seguridad Ciudadana, lo que supone un incremento de unas 150.000
identificaciones respecto al año anterior, según los datos del Ministerio del
Interior (son cifras absolutas: no se distinguen motivos ni perfiles de
población). Se trata de números muy elevados si se comparan con países como
Reino Unido.
Los autores del trabajo afirman que la identificación
policial basada en la selección étnica “perpetua estereotipos sobre los
delincuentes y las minorías étnicas que supuestamente son más propensos a
cometer delitos. Esto es, se toman decisiones sobre la investigación en función
de los atributos del grupo, por la pertenencia a un grupo étnico, racial,
nacional o religioso; en lugar de fundamentarse en un comportamiento
potencialmente sospechoso”. En el prólogo, el catedrático de Filosofía del
Derecho y Filosofía Política, Javier de Lucas, afirma que “nadie está seguro si
su aspecto le va a delatar, si el color de su piel va a ser motivo de continua
sospecha”.
“La necesidad de identificar, detener y expulsar a los
inmigrantes sin papeles como un problema de primer orden, los convierte en un
chivo expiatorio del resto de dificultades que arrastran nuestras sociedades en
la actualidad: crisis económica, carencia de legitimidad política y
desintgración social, entre otras”, añade el catedrático y miembro del Consejo
Científico de ATTAC.
El informe constata que no existen datos oficiales
detallados, por apariencia étnica o nacionalidad, de las personas a las que se
les ha solicitado la documentación en la calle o se les ha trasladado a
comisaría por la sospecha de que han cometido un delito, falta o por quebranto
de una norma administrativa. Sin embargo, ONG, entidades de la sociedad civil,
informes de organismos internacionales y el Defensor del Pueblo han denunciado y
documentado reiteradamente estos modos de actuar.
El estudio subraya que
la Dirección General de la Policía ha asumido implícitamente que se estaban
produciendo estas prácticas, por medio de una Circular con fecha 16 de mayo de
2012 (nº2/2012 sobre identificación de ciudadanos) en la que se prohíben los
cupos de identificación o detención de extranjeros y las actuaciones masivas o
indiscriminadas basadas únicamente en criterios étnicos.
“Estas prácticas
son un hecho habitual, extendido y cotidiano que se encubre dentro de la
actuación discrecional de la policía, en ocasiones justificado como necesario
para la efectividad policial, e impune porque resulta difícil de probar”,
argumentan los autores del informe.
Otro punto abordado en el trabajo son
las consecuencias que se derivan de las identificaciones. De los datos
analizados se desprende que, pese a que las personas de etnia diferente a la
caucásica tienen más probabilidades de ser paradas, “no existe una diferencia
criminológica o sancionadora significativa en cuanto al resultado de tales
paradas”. “Esto indica que la selección por perfil étnico es un criterio
altamente inefectivo para identificar a personas que puedan haber cometido un
delito u otra infracción legal”.
Por último, en el estudio
“Identificación policial por perfil étnico en España. Informe sobre experiencias
y actitudes en relación con las actuaciones policiales”, los autores recuerdan
que el Consejo de Ministros del Consejo de Europa adoptó el 10 de julio de 2013
una resolución en la que muestra su preocupación porque “siguen recibiendo
denuncias sobre casos de abusos policiales, y no existe ningún órgano
independiente que los investigue”. Además, “a pesar de que entró en vigor el 21
de mayo de 2012 la instrucción de la Dirección General de la Policía que prohíbe
las cuotas de detención de inmigrantes y las redadas indiscriminadas, se sigue
denunciando que la policía utiliza como práctica generalizada los perfiles
étnicos: las personas perteneciente a algunas minorías son desproporcionadamente
detenidas y registradas, especialmente en el transporte público y en la
calle”.
En su informe tras visitar España (enero de 2013), el Relator
Especial de Naciones Unidas en materia de discriminación racial y xenofobia,
Mutuma Ruteere, también denunció que, al parecer, “el uso de perfiles étnicos
persiste desde la entrada en vigor de la nueva circular”.
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